Nota de Prensa Fiscalía General de la República

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FGR ordenó solicitar privativa de libertad contra propietarios de empresas investigadas por estafas inmobiliarias

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público solicitará medidas privativas de libertad contra los propietarios de las empresas constructoras investigadas por presuntas estafas inmobiliarias.



El anuncio lo hizo luego de una reunión que sostuvo este lunes en la sede del Despacho, ubicado en la avenida México, con los afectados a quienes aseguró que entre las medidas que solicitará la Institución están la de prohibición de enajenar y gravar, además de la congelación de cuentas bancarias, tanto de las empresas como personales.

Asimismo, indicó que es posible que este mismo lunes se soliciten algunas medidas contra varios ingenieros municipales, quienes habrían otorgado los permisos de habitabilidad sin que la obra estuviera totalmente culminada.

Igualmente, aseguró que el Ministerio Público solicitará medidas de protección para todas aquellas personas que hayan recibido amenazas por parte de los propietarios y encargados de las empresas inmobiliarias.

Adicionalmente, señaló que giró instrucciones a los fiscales superiores de todo el territorio nacional, para que se incorporen a las salas situacionales que se hubiesen constituidos, a los fines de hacer un trabajo coordinado con todas las instituciones del Estado.

Ortega Díaz indicó que dio órdenes expresas para que se solicite a los tribunales el aseguramiento de algunos bienes de las personas que aparecen como responsables de las estafas inmobiliarias, puedan ser ocupados a fin de que resarzan el daño causado a los afectados.

En ese sentido, convocará una reunión con los distintos cuerpos de seguridad del Estado, con el objetivo de coordinar las acciones que se vayan a emprender para hacer efectivas las medidas que está solicitando la Institución a su cargo.

Dijo que en la conversación que sostuvo con las víctimas, el Ministerio Público logró sensibilizarse aún más en este tema, pues es un problema que atañe no solamente a la Institución, sino al Estado en su totalidad.

Hizo un llamado de colaboración a todos los integrantes del sistema de justicia, para que conjuntamente se dé respuesta a este grave problema que está afectando a varios venezolanos.

De igual manera, informó que aumentó el número de fiscales a 99 en todo el territorio nacional, para fortalecer las investigaciones de las estafas y fraude inmobiliario.

Resaltó que hasta la fecha existen 20 personas acusadas, 112 órdenes de aprehensión, 23 personas privadas de libertad, 205 medidas reales dictadas y 169 medidas de prohibición de salida del país.

La máxima titular de la Institución señaló que se creó una línea 0-800 VÍCTIMA (0-800- 42.8462), cuyos operadores se encargarán de recibir todas las denuncias que hagan las personas afectadas.

Por otra parte, la Fiscal General indicó que con las medidas de ocupación temporal, buscan garantizar a las víctimas la entrega de sus viviendas.

Reunión con los afectados
A propósito de las diferentes investigaciones que lleva el Ministerio Público por las estafas inmobiliarias, este lunes Ortega Díaz recibió a más de 90 víctimas afectadas por esta situación.

La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, donde se dieron cita personas de todo el país, quienes acudieron a la Institución para exponer sus casos.

La jefa del Ministerio Público lamentó el que innumerables familias venezolanas hayan sido víctimas de empresarios inescrupulosos, por lo que se comprometió a resolver los casos, y anunció la designación del coordinador de Gestión Social, Luis Bastardo, para que en compañía de un equipo de abogados asesore a los afectados.

Manifestó que actualmente el Estado venezolano está abocado a resolver lo de las estafas inmobiliarias, por ello, el Ministerio Público al igual que otras instituciones trabajan coordinadamente para resolver los casos y dar respuestas.

Por su parte, los afectados en conversación con la Fiscal General, dijeron que el modus operandi de las empresas constructoras son similares: les quitan capital, los recursos son invertidos para comprar los terrenos, y luego, los encargados y responsables desaparecen; por eso, ante esa situación, las víctimas pidieron prisión para los responsables.

07/02/2011
L.D/R.V